Las figuras influyentes de la derecha en gran parte han aplaudido los primeros meses del mandato del presidente Donald Trump. Pero a medida que el gobierno se ha apresurado a llevar a cabo las deportaciones lo más rápidamente posible, cometiendo errores y suscitando dudas sobre el debido proceso, el frente unificado a favor de la purga migratoria de Trump comienza a resquebrajarse.
Cuando el gobierno deportó a un maquillador profesional y lo acusó de formar parte de una banda criminal, el enormemente popular podcaster Joe Rogan expresó desacuerdo.
“Hay que asustarse de que personas que no son delincuentes sean lazadas y deportadas y enviadas a cárceles de El Salvador”, dijo Rogan, quien apoyó a Trump, en su programa The Joe Rogan Experience. Añadió que el caso era “horrible”.
Cuando el gobierno detuvo a un antiguo estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que había participado en protestas en el campus, la comentarista de extrema derecha Ann Coulter cuestionó la medida.
“No hay casi nadie a quien no quiera deportar, pero a menos que haya cometido un delito, ¿no es esto una violación de la Primera Enmienda?”, escribió Coulter en las redes sociales.
Las voces discordantes, las cuales se han limitado sobre todo a comentaristas y no a republicanos electos, son notables porque los conservadores no suelen romper abiertamente con el presidente. Y aunque las objeciones se han centrado en gran medida en las tácticas —no en el objetivo general de aumentar las deportaciones—, las fisuras muestran hasta qué punto algunos conservadores se toman en serio los métodos agresivos y a veces descuidados del gobierno.
El gobierno ha reconocido que deportó a un hombre de Maryland con estatus legal protegido a una prisión de El Salvador debido a un “error administrativo”, pero dijo que ahora carecía de capacidad para liberarlo. También se ha concedido a sí mismo autoridad para deportar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a bandas con base en en poco más que si tienen tatuajes o han llevado ropa asociada a la organización delictiva.
En un caso, se acusó a un hombre deportado de tener un tatuaje en forma de corona que, según las autoridades, demostraba su pertenencia a una banda, pero sus abogados dijeron que el tatuaje era en honor de su equipo de fútbol favorito, el Real Madrid. Otro migrante se hizo un tatuaje de corona similar, dijeron los abogados, para conmemorar la muerte de su abuela.
Un documento empleado por el gobierno para determinar las afiliaciones a las bandas indicaba que los funcionarios podían identificar a las personas como miembros del Tren de Aragua basándose simplemente en su vestimenta, como “ropa urbana de calle de alta gama”, especialmente camisetas de baloncesto de los Chicago Bulls o de su antiguo jugador estrella, Michael Jordan.
“La realidad general de este gobierno es que está intentando maximizar las expulsiones: expulsar al mayor número posible de personas”, dijo David J. Bier, director de estudios migratorios del Instituto Cato, de tendencia libertaria, y exayudante del Partido Republicano en el Capitolio. “Ese modo de operar conducirá a más errores, sobre todo cuando intentas eludir la revisión judicial de tus decisiones”.
Bier dijo que los tatuajes constituían pruebas “asombrosamente endebles” de pertenencia a una banda.
“Si alguna vez se presentaran ante un tribunal, las descartarían del tribunal con risas”, dijo.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, criticó el martes la cobertura de los medios de comunicación sobre los casos de deportación, acusando a los periodistas de preocuparse más por los derechos procesales de los miembros de bandas acusados que por las víctimas de la violencia de las bandas. Reconoció un “error administrativo” en el caso del hombre de Maryland que fue deportado, pero dijo que el gobierno continuaría con sus políticas.
“Son criminales despiadados. Se trata de una banda despiadada”, dijo. “Desearía que los medios de comunicación dedicaran solo un segundo del mismo tiempo que han dedicado a intentar litigar a todos y cada uno de los individuos de esta banda que han sido deportados de este país a los estadounidenses inocentes cuyas vidas se han perdido a manos de estos delincuentes brutales. Mantenemos nuestra posición y con mucha firmeza”.
Trump firmó una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para perseguir al Tren de Aragua con el argumento de que la banda llevaba a cabo una “invasión” de Estados Unidos. Un juez federal ha detenido el plan del gobierno de utilizar la ley para deportar a personas sin previa audiencia, pero no antes de que cientos de migrantes expulsados del país fueron trasladados a las infames prisiones de El Salvador.
Andrew McCarthy, exfiscal conservador, defendió en National Review que había llegado el momento de que el presidente “abandonara el intento mal concebido de deportar a presuntos pandilleros venezolanos en virtud de de la Ley de Enemigos Extranjeros”, argumentando que el gobierno debería virar hacia un terreno jurídico más sólido y utilizar las leyes federales de migración tradicionales para llevar a cabo las deportaciones.
“El gobierno de Trump ha hecho un trabajo encomiable dando marcha atrás a los incentivos para que los ‘migrantes’ intenten venir a Estados Unidos”, escribió McCarthy. “Eso es un beneficio para nuestra seguridad y tranquilidad interna. También tiene una serie de beneficios humanitarios para los propios migrantes. Sin embargo, el presidente no puede simplemente echar del país a las personas cuya presencia le desagrade. Somos una nación de leyes, no de hombres”.
Aunque algunos conservadores se han pronunciado, pocos republicanos electos lo han hecho. El alcalde republicano de Springfield, Ohio, dijo a Newsweek que las deportaciones abruptas perjudicaban a su comunidad, pero los miembros republicanos del Congreso han aplaudido en gran medida las acciones de Trump.
Al preguntarle el martes sobre los errores cometidos durante las deportaciones y la falta del debido proceso, el senador por Dakota del Sur, John Thune, líder de la mayoría, afirmó que la mayor parte de los estadounidenses están de acuerdo con el objetivo de Trump.
“No estoy familiarizado con las particularidades de ese caso en concreto”, dijo, y añadió que “el presidente tiene razón” al asegurarse de que los migrantes indocumentados “que han sido detenidos por delitos en este país, sean devueltos a su país de origen”.
Bier, quien en su día trabajó en el Capitolio para uno de los miembros fundadores del ultraconservador House Freedom Caucus, dijo que figuras influyentes de la derecha estaban planteando su preocupación por la falta al debido proceso porque está en juego un principio básico.
“Hablamos de algo extraordinario, de que el gobierno condene a la gente a lo que es esencialmente trabajo esclavo, tortura, prisión en El Salvador, sin ningún fundamento, basándose en tener un tatuaje de una flor”, dijo. “Una vez que nos metemos en el terreno de deshacernos del debido proceso, es lo que protege todos nuestros derechos de ciudadanía”.
Luke Broadwater cubre la Casa Blanca para el Times. Más de Luke Broadwater
