El condado de San Jacinto procesó casi 300 casos de delitos menores en 2023. En esta región pobre, enclavada en los pinares del este de Texas, muchos acusados probablemente tenían derecho a optar a un abogado pagado por el gobierno. Sin embargo, el condado informó que solo había proporcionado un abogado a nueve personas.
A más de 640 kilómetros al noreste, el condado de Wilbarger también tuvo unos 300 casos de delitos menores ese año. Asignó abogado a 15 acusados.
Y en el extremo oriental del estado, el condado de Shelby, el más pobre de los tres, se enfrentó a 307 casos. Nueve acusados recibieron abogados de oficio.
El derecho a un abogado penalista está tan arraigado en la idea estadounidense de justicia que los aficionados a las series policíacas de televisión pueden recitar de memoria estas dos líneas de los derechos Miranda: tiene derecho a hablar con un abogado. Si no puede pagarlo, se le proporcionará uno.
Pero en gran parte de Texas, ese derecho se niega sistemáticamente. Cada año, más de la mitad de los tejanos de zonas rurales que son acusados de delitos menores se ven obligados a representarse a sí mismos, una proporción cinco veces mayor que la de los acusados de zonas urbanas, según estimaciones de la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas, a la que la ley estatal encomienda la tarea de garantizar la protección del derecho a un abogado.
The New York Times informó la semana pasada que el sistema judicial del condado de Maverick, en Texas, había encarcelado repetidamente a personas acusadas de delitos menores durante meses sin presentar cargos, y al parecer había perdido la pista de algunos de los acusados en la cárcel. El condado rara vez proporcionaba abogados a los acusados de delitos menores, quienes podrían haber evitado algunos de esos fallos.
Pero la insuficiencia para proporcionar abogados en casos menores se extiende mucho más allá del condado de Maverick. Entre 2019 y 2023, casi el 20 por ciento de los condados de Texas declararon haber designado abogados para menos de uno de cada 10 acusados de delitos menores, según un análisis de datos estatales realizado por el Times.
Esos datos no muestran con precisión cuántos acusados pudieron contratar a un abogado privado. Pero entrevistas y registros de todo el estado muestran que la gente se ha enfrentado habitualmente a cargos sin representación.
En el condado de San Jacinto, el juez Fritz Faulkner dijo que muchos acusados preferían llegar a un acuerdo con el fiscal en lugar de esperar a que el tribunal les designara un abogado.
“Si te sientas aquí todo el día, oyes los acuerdos”, dijo Faulkner. “No son escandalosos de ningún modo”.
Incluso algunos miembros de la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas han parecido cuestionar el alcance de la obligación del estado de pagar a abogados.
Vivian Torres, una jueza de delitos menores jubilada del condado de Medina, Texas, que formó parte de la comisión hasta el año pasado, se opuso, en una reunión en 2022, cuando un legislador argumentó que un acusado que ganaba 17.000 dólares al año debería tener derecho automáticamente a un abogado de oficio. Torres señaló que a veces el estado obligaba a la gente a pedir dinero prestado para pagar la pensión alimenticia.
“¿Ahora hacemos que los contribuyentes paguen los honorarios de los abogados de personas que están acusadas de cometer delitos?”, preguntó, antes de añadir: “Están en esa situación no por algo que les hayamos hecho”.
En un correo electrónico enviado al Times, Torres dijo que se oponía a establecer un único umbral de indigencia en todo el estado y que no pretendía cuestionar el derecho a un abogado.
Geoff Burkhart, ex director ejecutivo de la comisión, dijo en una entrevista que algunos miembros de la comisión, a quienes no quiso nombrar, habían cuestionado en privado si los acusados de delitos menores necesitaban abogados.
La Corte Suprema ha sostenido durante más de medio siglo que la Constitución de Estados Unidos garantiza la representación legal a cualquier persona que se enfrente a una pena de cárcel. Pero en las zonas rurales de Estados Unidos, los estudios y las noticias muestran que no siempre se facilita esta protección, especialmente en los casos de delitos menores.
Texas gasta menos por residente en defensa para indigentes que todos los demás estados, excepto cuatro, según el Centro de la Sexta Enmienda, una organización nacional sin fines de lucro dedicada a mejorar el acceso a asistencia legal. Y mientras más de la mitad del país paga a los abogados defensores íntegramente a nivel estatal, en Texas los condados asumen alrededor del 85 por ciento de los costos.
Las auditorías periódicas de la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas han identificado que al menos media decena de condados incumplían las leyes estatales sobre defensa de indigentes desde hacía una década o más. Pero el único poder que tiene para hacer cumplir la ley es recortar el poco dinero que proporciona el estado, por lo que ha adoptado un enfoque de no intervención.
En los últimos años, algunos condados rurales de Texas se han unido a oficinas regionales de defensores públicos, aumentando enormemente el número de veces que se asignan abogados en sus zonas. Y mientras la Legislatura del Estado finaliza su presupuesto para los próximos dos años, la comisión ha estado presionando a los legisladores para que reserven dinero para abrir más oficinas. Pero anteriormente los legisladores han asignado solo una fracción de lo que la comisión ha solicitado, incluso cuando el estado tenía grandes excedentes.
Aditi Goel, subdirectora del Centro de la Sexta Enmienda, dijo que los estados con los mejores sistemas para la defensa de indigentes son los que gastan más y controlan las prácticas a nivel estatal.
“Texas está al último”, dijo Goel.
Jueces con ‘cero experiencia en juzgados’
En Texas, la mayoría de los delitos menores —como allanamiento de morada o posesión de una pequeña cantidad de marihuana— se castigan con hasta un año de cárcel.
Pero en unos 150 condados rurales, los casos de delitos menores son juzgados por jueces de condado, quienes son elegidos principalmente como jefes ejecutivos de la zona, algo parecido a un alcalde. Solo un 11 por ciento son abogados. Proceden de entornos muy diversos: ayudantes de sheriff, gerentes de tiendas de comestibles, capataces de empresas de camiones.
La mayoría de esos condados no tienen defensores públicos contratados. En su lugar, pagan pequeños honorarios a abogados privados —311 dólares en promedio en 2023— para representar a acusados de delitos menores.
En 2023, Jaylon LeBlanc fue acusado de allanamiento de morada en un complejo de apartamentos del condado de Robertson, en el centro del este de Texas. La policía dijo que estaba en el exterior con un grupo de personas que estaban fumando marihuana, y que huyó y se resistió a la detención. En muchos lugares, este tipo de acusaciones suelen resolverse con poco o ningún tiempo de cárcel.
LeBlanc dijo que había pedido un abogado en dos ocasiones, pero que nunca se lo proporcionaron. Llevaba dos meses en la cárcel sin cargos cuando compareció por primera vez ante el tribunal. El fiscal le ofreció un trato: seis meses más tras las rejas. Aceptó.
“No sentí que tuviera elección”, dijo en una entrevista LeBlanc, de 24 años.
El juez de delitos menores que condenó a LeBlanc, Joe Scarpinato, es un exbanquero. Su juzgado cerró 318 casos en 2023 y designó abogados para 31 de ellos, según muestran los registros estatales.
En una entrevista en su tribunal el año pasado, Scarpinato dijo que empezó a trabajar en 2023 con “cero experiencia en juzgados”. Dijo que normalmente se remitía al fiscal del distrito —un viejo amigo— y aceptaba cualquier acuerdo al que los fiscales llegaran con los acusados. Durante la entrevista, el fiscal respondió a muchas preguntas en nombre del juez.
En el condado de San Jacinto, Faulkner dijo que había encontrado la manera de proporcionar abogados cuando los acusados los solicitaban. Pero, añadió, al condado le faltaban abogados dispuestos a atender esa llamada.
“Hay muchos que podrían, pero no tantos realmente quieren hacerlo”, dijo en una entrevista con el Times el año pasado. “No pagan tanto en el tribunal de delitos menores”.
Su condado suele ofrecer 325 dólares por caso de delito menor. Del presupuesto de 46 millones de dólares del condado para 2025, que gestiona Faulkner, solo se han reservado 5000 dólares para abogados de oficio de delitos menores. Eso es más o menos lo que da a la oficina del fiscal de distrito para gasolina.
Denegación de abogados para desempleados y desahuciados
En algunos condados que han invertido en oficinas de defensores públicos, la defensa de los indigentes se ha transformado.
Poco después de asumir el cargo en 2015, DJ Wagner, juez del condado de Deaf Smith, empezó a recibir críticas de la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas por ignorar o denegar casi siempre las solicitudes de abogados. Solía dictaminar que los acusados no habían llenado por completo los formularios sobre sus finanzas, a pesar de que los auditores de la comisión dijeron que los formularios que revisaron por lo general parecían completos.
Después de que la oficina del sheriff acusara a Aurelio Ferrer, de 41 años, de amenazar de muerte a alguien durante una discusión en estado de embriaguez en 2023, este pidió un abogado, señalando en un formulario jurado que estaba desempleado, había sido desahuciado recientemente y vivía de cupones de alimentos. Dijo que su único bien era un Mazda de 2009 valorado en unos 3500 dólares. Wagner dictaminó que el formulario estaba incompleto y denegó su solicitud de abogado.
Al no poder pagar su fianza de 500 dólares, Ferrer esperó en la cárcel durante 75 días antes de comparecer ante el tribunal, donde se declaró culpable a cambio de ser puesto en libertad. Ferrer declaró posteriormente al Times que no había amenazado a nadie durante la discusión.
Wagner, quien antes de ser elegido era director de seguridad de una empresa de camiones, no hizo comentarios sobre el caso de Ferrer. Pero en una entrevista dijo que a menudo denegaba solicitudes porque no creía a los demandados cuando afirmaban que no tenían ingresos ni gastos mensuales.
“Nadie vive sin nada”, dijo Wagner.
Sin embargo, dijo que en los últimos años le había empezado a preocupar que el condado tuviera dificultades para encontrar abogados. El juez que preside el tribunal de delitos graves le dijo que cada vez era más difícil persuadir a los abogados privados, en su mayoría de Amarillo, para que condujeran alrededor de una hora hasta Hereford, la ciudad más grande del condado de Deaf Smith.
Así que se reunió con Jason Howell, el director de la nueva oficina del Defensor Público del Área de Panhandle, quien quería expandir su alcance. Howell convenció al juez en parte prometiéndole que una inversión en su oficina podría ahorrar dinero al condado de Deaf Smith reduciendo la población carcelaria.
Wagner dijo que había convencido a sus colegas comisionados para que invirtieran. El presupuesto del condado para la defensa de indigentes aumentó un 60 por ciento, proporcionando 115.000 dólares adicionales para casos de delitos graves y delitos menores.
En la actualidad hay tres defensores públicos en el condado de Deaf Smith, que cuentan con la asistencia de otros 20 en la oficina regional, dijo Howell. La oficina también cuenta con profesionales de la salud mental en la cárcel del condado, quienes ayudan a tratar a los acusados.
En 2023, el condado declaró haber pagado a abogados dos veces, con un costo total de 900 dólares, mientras resolvía 431 casos de delitos menores. El año pasado, la oficina del defensor público dijo que había sido designada unas 160 veces.
La promesa de ahorrar dinero se hizo realidad, dijo Wagner. Antes de incorporarse al cargo, la cárcel del condado albergaba a unas 100 personas, dijo. En agosto de 2024, tenía alrededor de 60.
‘Necesitamos que la legislatura estatal dé un paso adelante’
El estado suele sufragar dos tercios del costo total de las oficinas regionales de defensores públicos, bastante más que el 15 por ciento que aporta a nivel estatal. Pero las oficinas suelen requerir una inversión adicional por parte de los condados. La Comisión de Defensa de Indigentes de Texas solo puede permitirse financiar un número limitado de oficinas.
En 2023, cuando Texas tenía un superávit presupuestario de 33.000 millones de dólares, la comisión pidió 70 millones de dólares para construir más oficinas, escribiendo en una solicitud de presupuesto que eran necesarios para “cumplir con las leyes estatales y federales”.
Los legisladores reservaron 5 millones, a pesar de que destinaron 330 millones de dólares a subvenciones para la aplicación de la ley en las zonas rurales. Hasta diciembre, 44 millones habían ido a parar a los fiscales.
Incluso con esos límites, se han abierto ocho oficinas multicondado de defensores públicos desde 2018, que ahora atienden a 52 condados, en su mayoría rurales, informó la comisión.
Para el próximo presupuesto, que se finalizará en mayo, la comisión solicitó 35 millones de dólares para las oficinas regionales de defensores públicos. Los comités presupuestarios del Senado y la Cámara de Representantes han recomendado 9 y 18 millones de dólares, respectivamente.
“Nuestro presupuesto es muy, muy ajustado”, dijo Byron Ryder, juez del condado de Leon, en las escaleras del Capitolio del Estado tras una rueda de prensa sobre el tema el mes pasado. “Necesitamos que la legislatura estatal dé un paso adelante y financie esto”.
Acerca de los datos. Los condados informan a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas el número de abogados que pagan cada año por las citas judiciales. El número de casos refleja el año en que se resuelve un caso, e incluye los casos que fueron desestimados.
Jolie McCullough es una reportera que se enfoca en los sistemas de justicia penal en las zonas rurales de Texas como integrante de la Beca de Investigaciones Locales en The New York Times. Más de Jolie McCullough
